A través de los años diversas instituciones públicas a nivel nacional, estatal y municipal se han fortalecido gracias al trabajo de quienes laboran en ellas sin importar los organigramas de éstas. Los recursos económicos públicos asignados a cada una de ellas, capacitación y preparación profesional; les ha permitido, de alguna manera, otorgar un servicio tal como lo requiere y merece la población en general.
Sin embargo, no se puede negar que algunas instituciones les salen muy caras a la sociedad y su funcionalidad es cuestionada; incluso algunas de ellas, según medios informativos, sus recursos públicos para operar (impuestos de la ciudadanía), han sido utilizados para el enriquecimiento de quienes las dirigen o administran sin importarles que su accionar sea totalmente deshonesto.
La sociedad se ha cansado de vivir engañada por parte de los tres niveles de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, además de representantes de organizaciones civiles y sindicales que siempre actuaban bajo el amparo de leyes, normas y estatutos, comúnmente creados por ellos mismos y siempre justificados por algunos periodistas, articulistas e incluso intelectuales. De ahí que las consignas del presidente nacional de: “no robar, no mentir y no traicionar” han impactado en la mayoría de la población.
La Constitución de 1917 sigue siendo un documento muy valioso para los mexicanos, incluso las reformas realizadas han sido adecuadas y a favor de la población, sin embargo, su práctica dista mucho de lo que está plasmado, válgase unos ejemplos:
A la fecha, en la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la letra dice: “…ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, mayor a la establecida para el presidente de la República…” no se respeta. Claro ejemplo es la Suprema Corte de Justicia donde cada ministro ganará 5 millones 529 mil pesos en el próximo año 2023 y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo mismo. Seguramente esos pagos excesivos a funcionarios nacionales se reflejarán de igual forma en los funcionarios estatales, ojalá me equivoque.
Ni se diga de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, cada uno se llevará 4 millones 377 mil pesos de salario bruto, 43 mil 32 pesos de seguro de gastos médicos, 500 mil de aguinaldo, 477 mil 516 pesos por seguro de separación individualizado y 61 mil 456 pesos por seguro de vida institucional (datos de Hacienda). En el Instituto Electoral Tlaxcalteca (IET) a nivel estado, no cantan mal las rancheras con su salario y prestaciones. Desgraciadamente, su imparcialidad (como debiera ser) no se refleja con la claridad requerida ni a nivel nacional ni estatal, aunque si se observa un servilismo al partido político con quien coinciden ideológicamente o le deben su puesto.
Durante los gobiernos del PRI, PAN y PRD la institución de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala fue cayendo en banca rota, ahora con MORENA esperamos no siga yéndose al precipicio. Finalmente, quienes sufren tan crítica situación son los afiliados a pesar de ser los menos responsables de esa crisis económica, pues de manera puntual les quitan su aportación quincenal a través de nómina y los prestamos recibidos por parte de la institución son descontados y con sus respectivos intereses. Sin embargo, lo más lamentable en esa institución es la falta de medicamentos en general y la atención que ofrecen las empleadas(os) en las oficinas centrales y en las diferentes farmacias del estado (con excepciones), ya que asumen una actitud irrespetuosa, despótica y como si hicieran el “favor” de surtir medicamento o realizar algún trámite administrativo, principalmente a pensionados y jubilados.
Lorena Cuellar Cisneros en campaña y ya después de lograr la gubernatura (por cierto, obtuvo muchos votos por parte de jubilados y pensionados a través de las delegaciones sindicales y familiares de ellos) prometió atender la problemática de la institución (Pensiones Civiles); ojalá no se tarde: las enfermedades sin medicamentos no esperan mucho tiempo a la muerte. En el caso de la atención, los trabajadores activos, jubilados y pensionados esperan que la gobernadora actúe a través de la actual directora y ella haga lo propio con sus trabajadores(as), recordándoles que todos merecemos un buen trato y sin discriminación. El propio AMLO ha sido muy preciso: “muera el racismo y el clasismo”.
Por último, el día 19 de septiembre para unos estados del país los sismos son letales. Primero fue en 1985, después 2017 y ahora en el 2022. Si bien es cierto este último no alcanzó la magnitud, ni consecuencias de los dos anteriores, es necesario valorar, respetar y llevar a efecto lo que indica el protocolo que requiere un evento de este tipo. Observé en el último simulacro mucho “chacoteo” entre los trabajadores de instituciones gubernamentales y privadas, y aunque salieron a la calle en el momento que sonó la alarma sísmica -con cascos y casacas-, fueron notables las actitudes de mofa y desinterés. Minutos después, cuando se presentó el fenómeno natural real, se les vio caras de temor -ya sin cascos y casacas-, angustia y terror, incluso implorando ayuda divina. Por consecuencia, ¿por qué no hacemos las cosas bien? Así evitaremos asumir dos personalidades que realmente dejan mucho que desear y nos hacen ver totalmente patéticos y ridículos o … ¿Usted qué opina?
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