Todo indica que durante la gestión de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instittuto Nacional Electoral (INE), en el periodo comprendido entre 2008 y 2023, se aprobaron las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que habrían favorecido el oligopolio empresarial electoral de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con documentos públicos, Jacobo Molina, quien estuvo 15 años al frente del cargo más importante del Consejo General del INE, manejó en ese periodo un presupuesto total de 211 mil 734 millones 150 mil 325 pesos y presuntamente otorgó casi 80 por ciento de adjudicaciones directas de contratos con recursos públicos en beneficio de un grupo reducido de empresas que integraron la red de corrupción en el órgano electoral.
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