El Consejo de Ministros del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, finalmente decidió aprobar dos decretos “Maricarmen” -en referencia a la octogenaria desahuciada la semana pasada y que fue el detonante de la movilización social que recorre estos días el país-.
En ambos decretos se incluyen algunas de las medidas exigidas por la ciudadanía, como la paralización de los lanzamientos hasta el año 2030, el endurecimiento fiscal y normativo a los alquileres por temporada y turístico y la prohibición a los fondos buitres de operar en el mercado de la vivienda española durante dos años. Pero la fractura al interior del gobierno, entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, provocó que sólo en uno de los decretos se incluyera una de las exigencias más importantes para el movimiento social, que es la renovación automática de los alquileres de forma indefinida, tal y como reclaman desde la Puerta del Sol el Sindicato de Inquilinas.
De ahí que desde la acampada reconocieron su decepción y advirtieron: “Aprobar dos decretos es querer tomarnos el pelo e intentar sacar rédito partidista del problema de la vivienda. Así que no nos vamos de aquí, nos quedamos”.
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