La nueva ley de aguas de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha entrado en fase decisiva en el Congreso mexicano, pero bajo amenaza de organizaciones campesinas de retomar con más fuerza los bloqueos en carreteras, garitas y aduanas estratégicas del país, si el oficialismo no cumple sus promesas de hacer los ajustes requeridos. La mayoría de Morena y aliados, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, ha encendido los motores para empujar la aprobación de la legislación de autoría presidencial esta misma semana, al menos en comisiones. El interés del oficialismo por aprobar la nueva ley de aguas antes del 10 de diciembre fluctúa al ritmo que marcan los líderes campesinos.
Los representantes del campo mantienen tirante un diálogo con la Secretaría de Gobernación y con los legisladores que han suavizado la tensión sirviendo de árbitro en la negociación y que al mismo tiempo han prometido cambiar la redacción para poner a salvo los derechos de los productores agrícolas, principalmente en el tema de los títulos de concesión del agua. Pero los ajustes a la legislación se han realizado con el golpe de Sheinbaum en la mesa, que ha advertido que en el tema de las concesiones no hay entrada a cambios. “Lo que tiene que ver con la transferencia de las concesiones de agua, hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, no puede cambiarse”, lanzó. Esto ha sembrado la duda entre los inconformes sobre si sus peticiones llegarán a materializarse.
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