A pesar de que Nydia Cano, directora de la Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala (SMET), asegura que la dependencia cuenta con protocolos de seguimiento que se adaptan diariamente a las distintas formas de violencia, la realidad para muchas víctimas parece ser otra.
Durante los diálogos circulares de este jueves, Cano fue cuestionada sobre el caso de una joven de apenas 17 años que, fue víctima de la falta de respuesta institucional, pues la menor relató que, pese a haber sufrido incidentes de violencia durante seis días consecutivos, no obtuvo respuesta clara y puntual de diversas dependencias estatales, como lo informamos aquí: https://goo.su/lEgh5n.
Ante esto la funcionaria fue enfática en aclarar que su función se limita al acompañamiento, pues “no les corresponde impartir justicia”, sin embargo, el problema de fondo es que ni siquiera ese acompañamiento llegó a tiempo para la menor, como lo evidenció en su narración la congresista local.
Ante los señalamientos, la funcionaria defendió que hoy cuentan con un equipo más robusto, que incluye trabajadoras sociales que pueden acudir directamente a los domicilios, y que el tamaño del estado les permite “innovar” y llegar rápido a cualquier punto, pero en la práctica, esa capacidad operativa no se activó para la joven de 17 años.
“Sí tenemos un protocolo de seguimiento, no solo en el caso de la marcha”, aseguró Cano, mientras detallaba que tras las movilizaciones del 8M realizan un compendio de denuncias que entregan a la Gobernadora Lorena Cuéllar y a la Secretaria de Gobierno, pero los casos cotidianos, como el de esta menor, parecen quedar en el aire hasta que la presión mediática o política los visibiliza.
Sobre el caso específico del deudor alimentario señalado durante la marcha, Cano informó que tras una verificación descubrieron que el joven había laborado en el DIF, pero su contrato era temporal y concluyó en diciembre de 2025.
Finalmente, la directora reconoció que han existido suspensiones de funcionarios por casos de acoso, e incluso reveló que se logró la suspensión de una persona en el contexto de una audiencia, aunque se reservó los datos por “estar aún en proceso”.
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