La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez total del proceso de fiscalización y del decreto con el que el Congreso de Tlaxcala aprobó la cuenta pública 2024 del municipio de Atlangatepec, al acreditarse que las autoridades locales excedieron sus facultades al revisar recursos de procedencia federal.
El proyecto de resolución de la controversia constitucional 248/2025, presentado por la ministra Sara Irene Herrerías, establece que el Órgano de Fiscalización Superior del estado y la legislatura local se atribuyeron competencias de la federación.
Esto derivó cuando el ente fiscalizador estatal auditó las erogaciones del municipio correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y detectó un probable daño a la hacienda pública derivado del manejo de aportaciones federales, posteriormente, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso dictaminó el informe y el pleno aprobó la cuenta pública, dejando a salvo el seguimiento de observaciones pendientes.
El máximo tribunal realizó una interpretación de diversos artículos y leyes concluyendo que la fiscalización de las aportaciones federales entregadas a los municipios, en este caso, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación.
Previamente se había resuelto en sentido similar respecto al municipio de Contla de Juan Cuamatzi, donde invalidó auditorías estatales por carecer de un convenio formal de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
La Corte subrayó que los congresos locales únicamente pueden revisar los ingresos que integran la hacienda municipal propia, por lo que no podían emitir un pronunciamiento válido sobre la cuenta pública en lo relativo a recursos federales, en consecuencia, se declaró fundado el concepto de invalidez planteado por el ayuntamiento y se anuló todo lo determinado.
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