El Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tlaxcala logró expandir su presencia a la totalidad de los municipios, un avance significativo si se considera que al arranque solo trabajaban con 10, sin embargo, el diagnóstico que acompaña este crecimiento reconoció que la violencia al interior de las familias sigue siendo el principal obstáculo para garantizar los derechos de la infancia.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Belen Vega Ahuatzi, datos respaldados por estudios de INEGI y UNICEF revelan que el castigo corporal humillante (golpes, gritos y humillaciones disfrazados de métodos de educación) es la forma de maltrato más recurrente.
La estadística muestra que al menos uno de cada dos niños en Tlaxcala enfrenta este tipo de violencia en su hogar, ante ello, la dependencia ha optado por impulsar la llamada "crianza positiva", una estrategia que busca enseñar a madres y padres a poner límites sin recurrir a la fuerza.
La funcionaria informó que actualmente, 52 ayuntamientos tienen instalado y formalizado su sistema municipal de protección, con actas de cabildo y secretarios ejecutivos designados, aunque los ocho restantes, ya operan de manera informal, están en proceso de constitucionalizarse.
Las capacitaciones se han intensificado, incluso a solicitud expresa de alcaldes que han pedido asesoría directa para entender a fondo el funcionamiento del sistema.
Vega Ahuatzi también señaló que hasta ahora, se ha rescatado a 18 menores que eran utilizados para pedir limosna, en la mayoría de los casos, los niños fueron reintegrados a sus núcleos familiares tras dialogar con los padres, aunque en dos ocasiones la reincidencia obligó a enviarlos al Centro de Asistencia Social (CAS).
La autoridad reconoce que la vulnerabilidad económica de muchas familias es el telón de fondo de estas prácticas, pero insiste en que la prioridad es que los menores permanezcan con sus familias siempre que existan condiciones de seguridad.
Por otra parte en las escuelas, el acoso y las agresiones también han requerido intervención, toda vez que el SIPINNA trabaja de la mano con la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría de Protección para revisar los protocolos y dar seguimiento a los casos detectados.
Para ello se echó a andar el Sistema SABE, una herramienta que permite a directivos escolares reportar de manera formal a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con la esperanza de llegar a tiempo antes de que los casos se agraven.
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