A pesar de que las estimaciones sobre violencia obstétrica en Tlaxcala son elevadas, la falta de denuncias impide tener cifras precisas y, por lo tanto, una atención adecuada al problema, así lo reconoció el titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), Óscar Xicohtencatl Pérez, quien informó que apenas dos personas han acudido a la dependencia por casos de rechazo y malos tratos por parte del personal médico, una cifra que contrasta con la percepción de que el fenómeno está generalizado.
El funcionario señaló que el sistema de salud público enfrenta una crisis estructural que va más allá de lo administrativo.
La duplicidad de mandos entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, así como problemas de formación del personal y derechos sindicales, han complicado la operación hospitalaria: “Hay un problema de formación y también vivenciado por los derechos sindicales, lo que complica la parte operativa”, dijo.
Uno de los puntos más críticos que destacó es la impunidad, toda vez que pese a que la CEAM ha turnado quejas a la Secretaría de Corrupción para que se sancione a personal de salud que incurre en faltas administrativas, no ha habido consecuencias.
Puso como ejemplo el caso de un médico que, pese a tener quejas previas por alcoholismo y una primera falta sin sanción, volvió a incurrir en una negligencia: una paciente tuvo que salir del hospital y, a pocos metros, dio a luz en la vía pública.
“A pesar de que pasamos la relación para que se le sancionara, tampoco pasó nada. En esas condiciones difícilmente se va a corregir el problema”, denunció.
En 2023, Tlaxcala se sumó a los ocho estados del país que tipifican la violencia obstétrica como delito en el Código Penal, gracias a una iniciativa de la CEAM, pues esto permite sanciones administrativas y penales para el personal de salud que ejerza violencia contra las mujeres durante el embarazo o parto.
Como parte de las nuevas estrategias, la próxima semana se firmará la conformación del Observatorio de Violencia Obstétrica, integrado por el Instituto de la Mujer, el Congreso del Estado, la Secretaría de Salud, la Comisión de Bioética, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el observatorio buscará visibilizar el problema, generar datos precisos sobre su frecuencia y diseñar políticas públicas para erradicarlo.
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