Después de años de resistencia institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente declaró inválido el artículo del Código Penal de Tlaxcala que criminalizaba el aborto, convirtiendo a la entidad en la vigésima cuarta jurisdicción del país donde el derecho a la interrupción legal del embarazo es reconocido.
La resolución, celebrada por colectivos feministas en redes sociales, llega tras décadas de lucha del movimiento de mujeres que desde las calles, los tribunales y espacios legislativos exigieron el reconocimiento de sus derechos reproductivos mientras el Estado mantenía un sistema punitivo contra ellas.
Específicamente, el máximo tribunal eliminó las barreras legales que impedían la interrupción del embarazo en casos de violencia familiar o sexual, obstáculos que durante años mantuvieron en la impunidad y el desamparo a víctimas que además enfrentaban la amenaza de criminalización.
"No hay estado pequeño si se pinta de verde", señalaron activistas feministas en redes sociales.
El fallo invalida el sistema normativo que durante años impidió a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o familiar acceder a un aborto seguro.
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