La síndico municipal de Ayometla, Chantal N., vive una situación que ella misma califica como un despido injustificado y un claro acto de violencia política en razón de género.
Desde hace días se le ha impedido el acceso a su oficina, incluso para recuperar sus pertenencias personales, en una serie de acciones que han encendido las alertas en el Congreso del Estado.
De acuerdo con la denuncia, el presidente municipal David Cortés Cuchillo habría intentado destituirla de manera arbitraria y nombrar a un suplente sin tener facultades legales para hacerlo, ya que Chantal N. es una funcionaria electa por votación popular.
"Esto no es solo un conflicto laboral, es un atropello que ya está tipificado como delito", señaló la diputada Sandra Aguilar, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, en una entrevista reciente.
La legisladora explicó que el alcalde ha hecho uso excesivo de sus facultades al impedir que la síndico desempeñe sus funciones y al mantenerla fuera de su espacio de trabajo.
"Es una falta de respeto y una clara muestra de violencia política de género. Las mujeres en la política tenemos derecho a ejercer nuestros cargos sin ser humilladas ni excluidas", enfatizó Aguilar.
Ante esta situación, el Congreso local citará a ambas partes para buscar una solución conciliatoria.
Sin embargo, la diputada fue tajante: si el presidente municipal no rectifica su conducta, podría enfrentar sanciones graves, incluido un juicio político. "La autonomía municipal no es un cheque en blanco para cometer abusos, todos debemos regirnos por la ley", agregó.
El caso de Ayometla no es el único que preocupa a la comisión; también se están atendiendo disputas territoriales en otros municipios, aunque en esos casos se ha privilegiado el diálogo para evitar confrontaciones físicas.
Pero en lo que respecta a la violencia política de género, la diputada fue clara: "No habrá tolerancia, las mujeres merecemos un trato digno y el respeto a nuestros derechos".
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