El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, demandó a las autoridades laborales y judiciales intervenir para investigar y sancionar a la empresa canadiense Orla Mining, que opera la mina Camino Rojo, por alentar y permitir que elementos del crimen organizado amenacen e intimiden a sus trabajadores para obligarlos a salir de ese organismo gremial.
¿Quién va a responder si el personal de la mina es golpeado, desaparecido e incluso asesinado?, preguntó en relación con la postura de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía, de rechazar la resolución del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, que encontró responsable a Orla Mining de violar las leyes mexicanas al presionar a los mineros, incluso a través de un grupo armado, a que se afilien a “un sindicato de protección” con sede en Monterrey.
“Se trata de un precedente muy importante del MLRR para que empresas de Estados Unidos y Canadá reflexionen en el sentido de que no pueden venir a México a actuar como no lo pueden hacer en sus naciones respectivas.”
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