Aunque reconoció que los expedientes por violencia en escuelas podrían ascender a mil casos, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, admitió que la dependencia carece de las condiciones institucionales y de personal para dar seguimiento a las denuncias, especialmente las relacionadas con violencia contra mujeres.
Durante los diálogos circulares de este viernes, Meneses Hernández fue cuestionado sobre el estatus de los 205 expedientes que se habían reportado hasta 2023 y que estaban en manos de la Unidad de Género, a pesar de que el total solo derivó en la baja de 22 docentes.
Aunque el funcionario evitó dar cifras actualizadas, reconoció que la tendencia apunta a que en 2024, 2025 y lo que va de 2026 la cifra podría haber crecido de manera importante.
"Si hay 205 expedientes de 2021, 2022 y 2023, y van otros dos años, pon otros 150 por modestos, son 350. Pero debe de haber una cifra negra del doble, son 600. Yo digo que un poco más, ponle mil", declaró.
El secretario aceptó que la Secretaría no tiene capacidad para atender la magnitud del problema.
Explicó que, aunque se creó el programa de entornos escolares con bienestar, apenas se destinarán doce millones de pesos para contratar a cuarenta profesionales —ocho abogados, dieciséis psicólogos y dieciséis trabajadores sociales— para atender un universo de mil trescientos treinta y cinco escuelas.
"Son 40 personas para atender un universo de mil 335 escuelas; no tenemos en las 570 primarias trabajadores sociales o psicólogos, es insuficiente", reconoció.
El funcionario admitió además que la Unidad de Género, creada para atender estas violencias, no tiene facultades legales para sancionar ni investigar.
"La Unidad de Género no debiera, en términos legales, sancionar o perseguir, sino prevenir", explicó, por lo que las funciones de sanción recaen en el órgano interno de control y el área jurídica, instancias que apenas han comenzado a formarse en perspectiva de género.
"La dificultad que tenemos es ese margen entre lo denunciado, los expedientes abiertos y lo realmente sancionado. ¿Cómo conquistar la confianza de las compañeras que se sienten amenazadas cuando no tenemos los instrumentos legales o profesionales para hacerlo?", cuestionó.
Meneses Hernández también fue cuestionado sobre casos específicos de funcionarios señalados en tendederos y denuncias formales: Alberto Hernández Olivares, Alejandro López —actual presidente municipal de Xaltocan—, Jorge Guevara Lozada y Mario de la Vega, este último dado de baja en 2023 pero que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, continúa impartiendo clases frente a grupo.
Sobre estos casos, el secretario evitó dar detalles de las sanciones aplicadas y se limitó a señalar que se busca garantizar que las bajas se mantengan, aunque admitió que no existe un repositorio que permita dar seguimiento a agresores que migran a otras instituciones, especialmente del sector privado.
"No tenemos ese registro ni forma de darle seguimiento; necesitamos mecanismos para poderlo hacer, es un problema real, no lo niego, al contrario, me duelo de ese problema", afirmó.
El secretario informó que se impulsa una plataforma de alertas para registrar los casos en tiempo real, pero reconoció que ha encontrado resistencia de las organizaciones sindicales: "Hay que convencerlos de que no es un riesgo, sino una herramienta; lo vamos a lograr, espero contar con el apoyo de todos", dijo.
Finalmente, admitió que para 2027 necesitará demostrar resultados con el programa actual para poder solicitar más presupuesto. "Me angustia, por eso lo hago público; espero que con la presión de ustedes hacia mí, pueda mover esa presión también hacia los maestros y organizaciones sindicales", concluyó.
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