Organizaciones civiles y académicos especializados denunciaron que el gobierno de Tlaxcala registra un avance de solo 11.1 % en el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027, lo que representa un incumplimiento de 88.9 % a casi seis años de la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
En un posicionamiento público, el Centro Fray Julián Garcés, integrantes de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas y representantes de la academia acusaron que los resultados del programa no son congruentes con el discurso oficial sobre el combate a este delito, y exigieron al gobierno estatal dejar de minimizar la problemática.
Entre los principales pendientes señalaron la ausencia del diagnóstico integral sobre trata de personas, documento que debía elaborar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que, según información oficial, simplemente no existe. Recordaron además que desde 2017 se identificó la presencia de este fenómeno en 40 municipios tlaxcaltecas, situación que, afirmaron, se ha agravado en zonas como el corredor de explotación sexual de la Vía Corta.
De acuerdo con la evaluación presentada, solo dos de los 18 productos contemplados en el programa están concluidos, ocho permanecen en construcción, revisión o reprogramación, y otros ocho registran incumplimiento o rezago crítico. Entre estos últimos destacan el programa educativo para la prevención de la trata en escuelas, materiales de sensibilización, protocolos de investigación y atención a víctimas, así como modelos especializados de prevención.
Las organizaciones también cuestionaron que, pese a una asignación de 2 mil 163 millones 400 mil 783 pesos para acciones de prevención, sanción y erradicación de la trata durante 2023, 2024 y 2025, los avances del programa siguen siendo mínimos.
A ello se suman inconsistencias en las cifras oficiales: la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no reportó casos de trata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre 2023 y 2025. Sin embargo, datos obtenidos vía transparencia indican que de enero de 2021 a junio de 2025 fueron atendidas 53 víctimas de explotación sexual provenientes de municipios como Tenancingo, Zacatelco, Papalotla, Chiautempan y San Pablo del Monte, además de otros estados del país.
Las organizaciones calificaron de insuficiente la campaña estatal "Se trata de todas y todos. Cuidemos la libertad", difundida principalmente en redes sociales, al señalar que no sustituye la implementación de estrategias educativas permanentes en los planteles escolares.
Señalaron también que, aunque la SSC reporta la realización de 11 operativos de vigilancia e identificación, no existe información pública que permita conocer cuántas víctimas fueron rescatadas, cuántas personas fueron detenidas o qué sitios de explotación fueron detectados.
Entre las omisiones más graves, mencionaron que la FGJE reconoció no contar con refugio especializado, casa de medio camino ni modelos de atención para víctimas, mientras que el diagnóstico integral estatal, el modelo de desproxenetización y un programa cultural de prevención permanecen sin avances o sin información disponible.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al Consejo Estatal contra la Trata aplicar de manera efectiva el programa estatal y dejar de simular acciones frente a un delito que continúa afectando a mujeres y niñas en Tlaxcala.
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